La sostenibilidad ha dejado de ser un concepto abstracto o aspiracional para convertirse en un eje estructurante de las economías contemporáneas. En este contexto, los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) representan una metodología integral para identificar, evaluar y gestionar riesgos y oportunidades no financieros con impacto directo en la viabilidad de las operaciones e inversiones financieras.
Las instituciones financieras, por su rol catalizador del desarrollo, son actores clave en la transformación de la economía hacia un modelo más resiliente, inclusivo y ambientalmente responsable.
Mientras países como Colombia, Perú y México han avanzado en marcos normativos y mecanismos de supervisión específicos en materia de sostenibilidad financiera, Nicaragua se encuentra aún en una etapa incipiente, sin regulación formal que exija la implementación de criterios ASG. Esta situación plantea un doble desafío: por un lado, evitar el rezago normativo y reputacional; por otro, capitalizar la oportunidad de diseñar un enfoque adaptado al contexto nacional que incorpore buenas prácticas internacionales y principios de proporcionalidad, progresividad y pertinencia sectorial.
¿Qué son los criterios ASG? Marco conceptual y relevancia financiera
Los criterios ASG se refieren a un conjunto de estándares que permiten evaluar el comportamiento de una organización en tres dimensiones fundamentales.
1. Criterios Ambientales (A):
Evalúan la capacidad de la organización para prevenir, mitigar y gestionar los impactos que sus actividades generan sobre el medio ambiente. Incluyen aspectos como:
- Eficiencia energética y uso de recursos naturales.
- Huella de carbono y emisiones de GEI.
- Gestión de residuos, vertidos y sustancias peligrosas.
- Riesgos asociados al cambio climático.
- Conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos.
Desde el enfoque financiero, una exposición inadecuada a estos factores puede traducirse en riesgos físicos (p. ej. destrucción de activos por eventos climáticos extremos) o riesgos de transición (p. ej. devaluación de activos contaminantes).
2. Criterios Sociales (S):
Analizan el impacto que tiene la entidad en su entorno humano, considerando:
- Condiciones laborales justas y seguras.
- Equidad de género, diversidad e inclusión.
- Derechos humanos y consulta previa a comunidades.
- Relaciones comunitarias y gestión de conflictos sociales.
- Protección del consumidor y educación financiera.
En términos financieros, los riesgos sociales se vinculan con demandas judiciales, afectación de la reputación institucional.
3. Criterios de Gobernanza (G):
Evalúan la calidad de los mecanismos internos de dirección, supervisión y control. Incluyen:
- Composición, independencia y diversidad del órgano de gobierno.
- Prevención de conflictos de interés.
- Políticas anticorrupción y de ética corporativa.
- Transparencia y rendición de cuentas.
- Gestión integral de riesgos.
La gobernanza robusta es la base de la sostenibilidad financiera, pues asegura el alineamiento estratégico, el cumplimiento normativo y la protección de los intereses de los distintos grupos de interés.
Reflexión: ¿Puede una institución financiera considerarse sostenible si no tiene políticas claras sobre derechos humanos, cambio climático o transparencia directiva?
¿Qué son los criterios ASG? Marco conceptual y relevancia financiera
La integración de criterios ASG transforma el modelo de análisis de riesgo, permitiendo a las instituciones anticiparse a situaciones que afectan la estabilidad operativa, financiera y reputacional de sus operaciones. Según el BID (2021) y la IFC (2020), los beneficios concretos incluyen:
- Mejora del perfil de riesgo crediticio.
- Aumento en el acceso a financiamiento internacional.
- Fortalecimiento de la reputación institucional.
- Cumplimiento de estándares globales exigidos por fondos verdes, multilaterales y donantes.
- Generación de valor compartido y sostenibilidad del portafolio.
Componentes esenciales de un SARAS (Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales)
El SARAS constituye una herramienta institucional para la gestión de los riesgos ASG en todas las fases del proceso crediticio. Según el enfoque propuesto por el BID y adoptado por algunas entidades, su diseño debe considerar:
- Política ASG institucional: Declaración formal del compromiso de la entidad, con respaldo del Consejo Directivo.
- Lista de exclusión: Actividades o sectores que no serán financiados por generar daños irreversibles o conflictos normativos/éticos.
- Sistema de categorización de riesgos ASG: Clasificación de operaciones en categorías (A, B, C) según el nivel de riesgo potencial.
- Procedimiento de debida diligencia ASG: Evaluación de impacto ambiental/social en función del tipo de cliente, monto, sector y localización.
- Condiciones contractuales y Planes de Acción ASG: Inclusión de cláusulas vinculantes para mitigar impactos detectados.
- Monitoreo y seguimiento ASG: Supervisión periódica del cumplimiento de las condiciones y planes establecidos.
- Capacitación y asignación de responsabilidades internas.
Reflexión: ¿Cuentan hoy las instituciones financieras nicaragüenses con herramientas para identificar si una operación compromete recursos hídricos, afecta a pueblos indígenas o puede generar conflictos sociales?
El papel de la regulación: entre urgencia y oportunidad
Nicaragua no cuenta con una normativa específica que regule el riesgo ASG en el sistema financiero. Esto implica:
- Ausencia de lineamientos mínimos obligatorios.
- Brechas de información en supervisión prudencial.
- Alto riesgo de greenwashing.
- Imposibilidad de generar comparabilidad sectorial.
En contraste, países como Brasil, Colombia, Paraguay, Honduras y Perú, entre otros, han avanzado con marcos normativos diferenciados según el tipo de entidad, con incentivos, obligaciones y cronogramas progresivos. Algunas buenas prácticas incluyen:
-
- Incluir criterios ASG en las normas prudenciales.
- Requerir informes bajo estándares como GRI, SASB o TCFD.
- Establecer requerimientos para la emisión de bonos verdes o sociales.
- Promover la integración ASG en la gobernanza institucional.
Reflexión: ¿Cuánto más puede esperar Nicaragua para sentar las bases regulatorias que permitan alinear su sistema financiero con los compromisos climáticos nacionales y los estándares globales?
Desafíos y oportunidades para Nicaragua
- Debilidad regulatoria: Los reguladores aún no han incorporado criterios ASG en sus normas de supervisión ni de gestión de riesgos.
- Capacidad institucional limitada: Muchas de las instituciones financieras carecen de personal técnico con formación en sostenibilidad.
- Ausencia de incentivos: No existen mecanismos regulatorios que promuevan productos financieros sostenibles.
No obstante, también existen oportunidades:
- Interés de algunos actores del ecosistema financiero en avanzar voluntariamente.
- Disponibilidad de metodologías y manuales adaptables.
Reflexión: ¿Qué actores clave deben liderar una coalición nacional para avanzar hacia una política de finanzas sostenibles en Nicaragua?
Conclusión
La sostenibilidad financiera no puede esperar. La incorporación de criterios ASG no solo permite prevenir riesgos y cumplir con estándares internacionales, sino que representa una oportunidad para transformar el rol del sistema financiero en Nicaragua como palanca del desarrollo sostenible. La clave está en comenzar hoy, con visión estratégica y compromiso institucional.
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Referencias
Banco Interamericano de Desarrollo. (2021). Guía para el diseño de un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) para instituciones financieras en América Latina y el Caribe. https://publications.iadb.org/
First for Sustainability. (s.f.). Gestión de riesgos ambientales y sociales. https://firstforsustainability.org
IFC. (2020). Performance Standards on Environmental and Social Sustainability. https://www.ifc.org
Disclaimer: Este artículo refleja únicamente la opinión personal y exclusiva del autor y no representa necesariamente la postura de CYCCO.