Las diligencias preparatorias en el proceso civil nicaragüense: función, presupuestos y utilidad práctica

Las diligencias preparatorias constituyen uno de los mecanismos previstos por el Código Procesal Civil de Nicaragua para obtener, antes de la iniciación formal del proceso, información necesaria para la adecuada formulación de una futura pretensión. Su utilidad radica principalmente en permitir que quien proyecta acudir a la jurisdicción pueda esclarecer determinadas circunstancias relativas a la capacidad, representación o legitimación de las partes, conocer la situación jurídica de determinados bienes u obtener la exhibición de documentos cuya disponibilidad resulte necesaria para preparar el litigio.

Su carácter previo e instrumental impide, sin embargo, concebirlas como un mecanismo general de investigación o como una forma anticipada de desarrollar la actividad probatoria correspondiente al proceso principal. Su procedencia se encuentra condicionada a la existencia de una controversia susceptible de ser planteada judicialmente y a la demostración de que la diligencia solicitada guarda una relación objetiva con la preparación de ese eventual proceso.

IIntroducción

La preparación de un proceso civil no siempre comienza con la redacción de la demanda. En determinados supuestos, la parte que considera lesionado un derecho conoce los elementos esenciales de la controversia, pero carece de alguna información indispensable para determinar adecuadamente contra quién debe dirigir su pretensión, cuál es la situación jurídica de determinado bien o qué alcance puede atribuirse a la relación jurídica controvertida.

Frente a estos supuestos, el Código Procesal Civil de Nicaragua regula las diligencias preparatorias, específicamente en los artículos 397 a 402. Estas actuaciones tienen lugar antes del comienzo del proceso y persiguen proporcionar información de carácter procesal o sustantivo cuya obtención permita evitar errores capaces de conducir a la inutilidad del proceso o al fracaso de la pretensión.

La institución responde, por tanto, a una consideración elemental de técnica procesal: no resulta conveniente promover un proceso cuando subsisten incertidumbres relevantes que pudieron haber sido esclarecidas previamente mediante los mecanismos que el propio ordenamiento pone a disposición del futuro litigante.

IINaturaleza y función de las diligencias preparatorias

Las diligencias preparatorias presentan un carácter esencialmente previo, instrumental y subsidiario. Son previas porque deben practicarse antes de iniciarse el proceso al que sirven; instrumentales porque no constituyen una finalidad en sí mismas, sino que encuentran su razón de ser en la preparación de una futura controversia judicial; y subsidiarias porque su utilización presupone la necesidad real de obtener determinada información antes de la presentación de la demanda.

El Código Procesal Civil nicaragüense señala precisamente estas características, indicando que las diligencias deben ser anteriores al proceso, necesarias para su preparación y funcionalmente vinculadas a este.

La doctrina procesal comparada ha explicado esta función desde una doble perspectiva. Montero Aroca sostiene que las diligencias preliminares pueden servir, de una parte, para despejar dudas relacionadas con la titularidad activa o pasiva que deberá afirmarse posteriormente en el proceso y, de otra, para esclarecer algún elemento desconocido relacionado con el fondo del asunto. Su finalidad última consiste en evitar actividad jurisdiccional inútil y facilitar una correcta preparación de la controversia.

Esta concepción resulta compatible con la regulación nicaragüense. La diligencia preparatoria no tiene por objeto decidir anticipadamente quién tiene razón en el conflicto, sino proporcionar aquellos elementos cuya ausencia impediría o dificultaría la adecuada estructuración del proceso posterior.

IIILos supuestos previstos en el Código Procesal Civil

El artículo 398 del Código Procesal Civil contempla diferentes modalidades de diligencias preparatorias. Entre ellas se encuentra la declaración o exhibición de documentos relacionados con hechos relativos a quien eventualmente será demandado; la exhibición de una cosa; la exhibición del acto de última voluntad y la exhibición de documentos y cuentas de sociedades o comunidades.

Estas diligencias pueden agruparse, desde una perspectiva funcional, entre aquellas dirigidas a obtener una declaración y aquellas destinadas a conseguir una exhibición.

Las primeras buscan que determinada persona proporcione información necesaria para la correcta formulación de la futura pretensión. Las segundas suponen la presentación de un objeto, documento, título, libro o elemento determinado cuyo examen resulta necesario para preparar el litigio.

Especial relevancia posee la diligencia relativa a la capacidad, representación o legitimación. En estos casos, la información solicitada debe estar encaminada a esclarecer hechos necesarios para determinar correctamente quién debe intervenir en el proceso o en qué condición deberá hacerlo. No se trata de obtener valoraciones jurídicas anticipadas, sino de esclarecer datos de los cuales dependerá posteriormente la correcta constitución de la relación procesal.

También resulta particularmente útil la posibilidad de requerir que la eventual parte demandada exprese a qué título posee la cosa objeto del futuro proceso, especialmente cuando se proyecta ejercer una pretensión reivindicatoria u otra acción cuya adecuada formulación exige conocer previamente la naturaleza de la ocupación.

Desde la perspectiva práctica, esta última diligencia puede resultar determinante. El conocimiento de que una persona ocupa un inmueble en calidad de arrendataria, usufructuaria, comodataria, poseedora o alegada propietaria puede modificar sustancialmente la pretensión que deba ejercerse y, en consecuencia, la propia estructura de la demanda.

IVPresupuestos para su procedencia

La sola conveniencia del solicitante no justifica la adopción de una diligencia preparatoria. El artículo 400 CPC exige determinados presupuestos que permiten al órgano jurisdiccional valorar la legitimidad de la solicitud.

De acuerdo con la doctrina deben concurrir tres elementos fundamentales: adecuación de la diligencia a la finalidad perseguida, interés legítimo y justa causa. La información solicitada debe guardar relevancia con la preparación del futuro proceso.

La exigencia de adecuación implica la existencia de una relación objetiva entre aquello que se solicita y el proceso que se pretende preparar. No resulta suficiente afirmar que determinado documento podría ser útil; será necesario explicar qué controversia se proyecta promover y de qué manera la diligencia contribuirá a su correcta formulación.

El interés legítimo exige, a su vez, que el solicitante demuestre una vinculación jurídica suficiente con el asunto. Finalmente, la justa causa funciona como mecanismo destinado a evitar que estas diligencias sean utilizadas con fines exploratorios, intimidatorios o ajenos a la preparación de una verdadera controversia judicial.

De ello se desprende una consecuencia relevante: las diligencias preparatorias no constituyen un mecanismo general de descubrimiento de información. No han sido concebidas para investigar de manera indiscriminada el patrimonio, la documentación o las relaciones jurídicas de otra persona con la expectativa de encontrar posteriormente alguna causa para demandarla.

Debe existir, cuando menos, una controversia suficientemente identificable y una necesidad concreta de información vinculada con ella.

VCompetencia y legitimación

Conforme al artículo 399 CPC, la competencia objetiva corresponde a los Juzgados de Primera Instancia, mientras que territorialmente resulta competente, como regla, el juzgado del domicilio de la persona que deba declarar, exhibir o intervenir en las actuaciones.

En materia de legitimación debe atenderse a la modalidad concreta de diligencia solicitada. El sujeto activo será normalmente la persona que proyecta promover posteriormente el proceso, aunque el sujeto requerido en la diligencia no tiene necesariamente que coincidir en todos los casos con quien finalmente aparecerá como demandado en el proceso principal.

Este último aspecto resulta importante porque confirma que la finalidad de la diligencia no consiste únicamente en obtener información de la futura contraparte. En algunos supuestos, la documentación relevante puede encontrarse legítimamente en poder de otra persona o entidad cuya intervención únicamente resulta necesaria para proporcionar la información requerida.

VILa solicitud y su vinculación con el proceso futuro

Las diligencias preparatorias se promueven mediante solicitud escrita. El artículo 400 CPC exige que el solicitante exponga suficientemente el asunto que pretende llevar posteriormente a juicio y establezca la conexión existente entre ese eventual proceso y la actuación preparatoria requerida.

La doctrina procesal nicaragüense identifica como contenido de la solicitud: la relación del asunto objeto del juicio, los datos suficientes de la demanda que se pretende entablar, la conexión entre esta y la diligencia, el ofrecimiento de caución y los documentos oportunos según la naturaleza de la actuación solicitada.

Este requisito posee especial importancia práctica.

Precisamente esta fundamentación permite al juez controlar los presupuestos de adecuación, interés legítimo y justa causa.

VIITramitación de las diligencias

Presentada la solicitud, corresponde al órgano jurisdiccional examinar si concurren los requisitos exigidos legalmente.

Cuando la solicitud reúne tales condiciones se convoca a las partes a audiencia; si los requisitos no se satisfacen, la diligencia puede ser rechazada. Cuando la persona requerida proporciona aquello que se le solicita, el propio Código permite prescindir de la audiencia.

El esquema de procedimiento establece que, admitida la solicitud, la audiencia debe celebrarse dentro del término correspondiente; posteriormente deberá prestarse la caución y practicarse la diligencia. La denegación se formaliza mediante auto susceptible de apelación. Asimismo, la falta de comparecencia del solicitante o la omisión de la caución pueden determinar el archivo definitivo de las actuaciones.

La caución cumple aquí una función garantista. La diligencia promovida por quien proyecta demandar puede ocasionar gastos o eventualmente perjuicios a quien deba intervenir en ella. El ordenamiento procura, por tanto, equilibrar el derecho del solicitante a obtener información necesaria para preparar el proceso con la protección de quien es requerido judicialmente antes de que exista todavía un proceso principal.

VIIILa negativa del requerido y sus consecuencias

Uno de los elementos que distingue a las diligencias preparatorias de una simple solicitud extrajudicial de información es que su práctica se produce bajo autoridad judicial.

En consecuencia, el requerido no puede convertir en ineficaz la institución mediante la simple inobservancia del requerimiento.

El artículo 402 CPC contempla consecuencias específicas cuando la persona citada no cumple con determinadas diligencias de exhibición. En los supuestos relacionados con cosas, libros, documentos o títulos, el solicitante puede instar medidas destinadas a conseguir o asegurar aquello cuya exhibición había sido judicialmente ordenada.

La doctrina nicaragüense señala, entre otras posibilidades, el secuestro de determinados bienes, así como el depósito de la cosa o la adopción de la medida de garantía más adecuada para su aseguramiento.

La existencia de estas consecuencias demuestra que las diligencias preparatorias poseen verdadera eficacia jurisdiccional. La decisión judicial que ordena su práctica no constituye una recomendación dirigida al requerido, sino una actuación procesal cuyo incumplimiento puede producir los efectos establecidos legalmente.

IXDiligencias preparatorias y actividad probatoria

Otro aspecto que exige particular atención consiste en diferenciar las diligencias preparatorias de la prueba anticipada.

Ambas pueden desarrollarse antes del proceso, pero responden a finalidades diferentes.

La prueba anticipada pretende practicar anticipadamente un medio probatorio ante la posibilidad de que su realización posterior resulte imposible o extraordinariamente difícil.

La diligencia preparatoria, por el contrario, busca obtener información necesaria para estructurar el proceso que todavía no ha sido iniciado.

La diferencia no es meramente terminológica. Si se permite utilizar las diligencias preparatorias para interrogar anticipadamente a la contraparte sobre hechos controvertidos o para desarrollar anticipadamente la prueba del futuro juicio, se desnaturalizaría la institución.

La doctrina y la jurisprudencia comparada han advertido precisamente que estas diligencias no deben transformarse en una vía para obtener una especie de confesión anticipada sobre el fondo de la controversia. La tesis doctoral de Luis-Ramón Llorente Cabrelles recoge jurisprudencia en la que se rechaza la utilización de estas actuaciones para producir una ficta confessio antes de la presentación de la demanda cuando las preguntas exceden el ámbito propio de la capacidad, representación o legitimación.

XUtilidad práctica en la litigación civil

La importancia de las diligencias preparatorias se aprecia especialmente en aquellos asuntos en los que existe una pretensión potencialmente viable, pero todavía subsisten dudas sobre algún elemento indispensable para su correcta formulación.

En materia societaria, por ejemplo, la exhibición de determinada documentación puede permitir conocer información indispensable para establecer el alcance de la eventual reclamación.

En asuntos sucesorios, la exhibición de documentos relacionados con la última voluntad puede resultar necesaria antes de determinar la pretensión correspondiente.

En conflictos sobre bienes, conocer el título en virtud del cual una persona los posee puede resultar decisivo para seleccionar adecuadamente la acción.

Igualmente, las diligencias relacionadas con capacidad, representación o legitimación pueden evitar que el proceso sea planteado frente a una persona que carezca de la condición jurídica necesaria para soportar la pretensión.

Desde esta perspectiva, las diligencias preparatorias cumplen también una función de economía procesal. Su correcta utilización puede evitar procesos innecesarios, demandas defectuosamente dirigidas y controversias que fracasen por insuficiencias que pudieron ser esclarecidas antes de la iniciación del juicio.

No obstante, esta misma utilidad exige prudencia. Una interpretación excesivamente amplia podría convertirlas en un mecanismo destinado a obtener anticipadamente información que corresponde producir o debatir dentro del proceso. Una interpretación excesivamente restrictiva, por el contrario, podría privarlas de la función preventiva que les atribuye el legislador.

La solución debe encontrarse en la relación entre la información requerida y la necesidad objetiva de preparar el proceso posterior.

XIConsideraciones finales

Las diligencias preparatorias reguladas en los artículos 397 a 402 del Código Procesal Civil constituyen una herramienta relevante dentro del sistema procesal civil nicaragüense. Su importancia no radica únicamente en facilitar el acceso a determinados documentos o informaciones, sino en permitir una construcción más correcta de la futura relación procesal.

Su utilización exige identificar previamente la controversia que se pretende plantear, justificar la necesidad de la información solicitada y demostrar la existencia de adecuación, interés legítimo y justa causa.

Por ello, su aplicación no debe entenderse como una etapa ordinaria que necesariamente antecede a toda demanda. Constituyen una herramienta excepcionalmente útil cuando existe una verdadera insuficiencia de información capaz de comprometer la correcta formulación del proceso.

CYCCO Consultores · Análisis jurídico · Nicaragua · 06 de noviembre de 2026